Los poderes legislativos y judiciales de un gran número de países han sido objeto de limitaciones sustanciales en sus competencias constitucionales en favor del Poder ejecutivo y con la única finalidad de enfrentarse a la terrible pandemia con agilidad y contundencia. Decisiones que eran objeto de deliberación durante meses o años, se adoptan por los Gobiernos en apenas unos días.

Todo ello mientras un tercio de la población mundial está sujeta a algún tipo de confinamiento en sus casas y ordenes de confinamiento selectivas se deciden diariamente sin notificación o procedimiento previo, afectando a cientos de millones de personas alrededor del mundo.

Por ello el H. Congreso del estado de Sinaloa a través del instituto de investigaciones parlamentarias, que dirige la Dra. Sonia Escalante López, y en colaboración con la Federación Mexicana de Colegio de Abogados A. C. se dieron a la tarea de brindar una capacitación referente a este tema tan importante que nos atañe hoy en día, ofreciendo la videoconferencia denominada “Estado de Derecho Constitucional en tiempos de Coronavirus” a cargo del Dr. Enrique Villalobos Lozano, experto en la materia.

Dentro de su disertación se mencionó sobre la búsqueda de un equilibrio entre la protección de la salud nacional y la seguridad, por un lado, y los derechos individuales como la intimidad y la privacidad.

La obligación de los juristas es proteger el Estado de Derecho y garantizar las libertades individuales con mayor empeño si cabe durante esta época de crisis, "Es precisamente en los momentos de crisis y de dolor cuando el Estado de Derecho y el imperio de la Ley continúan siendo un bastión fundamental frente a los abusos y las lesiones de la dignidad de la persona y de sus derechos que le son inherentes".

La tradición constitucional se fundamenta en que no puede existir democracia representativa sin respeto al Estado de Derecho y sin la protección y garantía de las libertades y derechos individuales. Particularmente en tiempos de crisis es conveniente buscar respuestas en los fundamentos de nuestra civilización y no convertirnos en víctimas de las extraordinarias competencias del Poder Ejecutivo, atribuidas en nombre de la protección de nuestras sociedades. Debemos mantenernos alerta frente a las incursiones del Poder Ejecutivo en los derechos constitucionales y las reducciones de las libertades individuales, bajo el soporte de "la salud y la seguridad".

Durante los próximos meses, el principal frente en la guerra contra la pandemia será el sanitario con el objetivo de limitar los contagios de atender a los enfermos más críticos. Una vez superado este frente y recuperado algo parecido a la normalidad, las dudas y controversias jurídicas ante situaciones tan excepcionales aflorarán de forma no vista en generaciones y la litigiosidad se incrementará exponencialmente. Los juzgados tendrán que resolver sobre una variedad de cuestiones, como el incumplimiento de los contratos en aquellos supuestos en los que son las propias autoridades las que han impedido su cumplimiento, la orden de cierre de fronteras que imposibilita las entregas de millones de productos permitidas conforme a los tratados internacionales de comercio o las lesiones a nuestra privacidad por parte de Gobiernos o de empresas, en aras de la protección de un bien superior, entre otros infinitos ejemplos. Es en este frente donde la abogacía internacional está organizándose para ayudar y asesorar a aquellas personas y organizaciones que más lo necesiten mediante.