El H. Congreso del Estado de Sinaloa a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, dirigido por la Dra. Sonia Escalante López, y en coordinación con la Universidad Autónoma de Sinaloa, llevó a cabo el 25 de mayo del presente año el Panel Internacional denominado “Derechos Humanos en tiempo de Pandemia” en el que participó el Dr. Juan Manuel Bautista Jiménez de España, el Dr. Isaac Augusto Damsky de Argentina, el Mtro. Arnel Medina Gigote de Cuba y el Dr. Gonzalo Armenta Hernández de México.

A lo largo del panel se emitieron diferentes opiniones respecto al tema y compartieron información relevante de cómo se ha enfrentado esta pandemia de COVID-19 en cada uno de sus países natales, de manera resumida mencionaron que las decisiones que adopten los gobiernos sobre cómo responder a la pandemia repercutirán en los Derechos Humanos de millones de personas.

La Amnistía Internacional está siguiendo atentamente las respuestas de los gobiernos a la crisis. Son tiempos extraordinarios, pero es importante recordar que el derecho de los derechos humanos sigue siendo aplicable.

De hecho, nos ayudará a superarlo juntos.

En cuanto a temas de salud la mayoría de los Estados han ratificado al menos un tratado de derechos humanos que obliga a garantizar el derecho a la salud. Esto significa, entre otras cosas, que tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades.

En el contexto de la propagación de una epidemia, esto significa garantizar asistencia preventiva, así como bienes y servicios a disposición de todas las personas.

Si entramos en el tema de acceso a la información, este es un aspecto fundamental del derecho a la salud, pero ya hemos visto a gobiernos que no lo respetan.

Toda persona tiene derecho a ser informada del peligro que el COVID-19 representa para su salud, las medidas para mitigar los riesgos y los esfuerzos en curso para combatirla. No garantizarlo debilita la respuesta de los servicios de salud pública y pone en riesgo la salud de todo el mundo.

Si hablamos del derecho al trabajo o derechos laborales, las personas con trabajos precarios están sufriendo de manera desproporcionada las consecuencias de la pandemia, que ya empieza a afectar gravemente a la población y la economía. La población trabajadora migrante y quienes trabajan en la economía bajo demanda y en el sector informal, tienen más probabilidades de que el COVID-19 y las medidas adoptadas para controlarla afecten negativamente a su derecho al trabajo y sus derechos laborales.

Los Estados deben garantizar el acceso a la seguridad social, incluidas prestaciones por enfermedad, bajas parentales y asistencia médica de todas las personas que no puedan ejercer su trabajo debido al virus. Esto también es fundamental para que la población se ciña a las medidas de salud pública adoptadas por los Estados.

Las personas que trabajan en los servicios de salud están en primera línea frente a esta pandemia, ya que siguen prestando servicios a pesar de los riesgos personales para ellas y sus familias, y los gobiernos deben ofrecerles protección.

Cualquiera puede contraer COVID-19, pero hay determinados grupos en los que el riesgo de enfermedad grave y muerte parece mayor. Uno es el de las personas de avanzada edad y aquellas con problemas médicos preexistentes.

También es probable que los grupos marginados, como las personas que viven en la pobreza, las personas con discapacidad y las personas detenidas, incluidas migrantes y solicitantes de asilo, tengan dificultades añadidas para protegerse y para acceder a tratamiento.

Durante una crisis de salud pública, los gobiernos deben actuar para proteger la salud de todas las personas y para garantizar su acceso a atención y seguridad, y sin sufrir discriminación.

El mundo sólo podrá luchar contra este brote mediante la solidaridad y la cooperación más allá de las fronteras.