El H. Congreso del Estado de Sinaloa a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias dirigido por la Dra. Sonia Escalante López, llevó a cabo el jueves 08 de julio el Ciclo de Conferencias Virtuales donde se desarrollaron los temas: La cancelación de los antecedentes penales a la luz de los derechos humanos, los derechos humanos y obligaciones de las personas privadas de su libertad, y los derechos humanos en la ejecución penal.

En dicho evento se contó con la participación de distinguidos profesionistas del derecho, como lo son las Maestras Ana Cecilia García Navarro y Edith Gómez Valenzuela, así como el Maestro Jesús Enrique Becerra Elizalde.

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo de la Dra. Sonia Escalante López directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, quien agradeció al Mtro. En Seguridad Pública Federico Guillermo Schacht Chávez director general del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, su interés por participar en la organización y por sumarse a este anticipado festejo para reconocer la especializada labor de los abogados mexicanos.

El Mtro. Becerra mencionó en su intervención respecto el tema “La cancelación de los antecedentes penales a la luz de los derechos humanos”, que las personas que han vivido la condición de sentenciados condenados a la perdida de la libertad y transitan hacia la recuperación del goce pleno de sus derechos, buscan que la sociedad les acepte y puedan acceder a otra oportunidad. No obstante, este es un proceso que en muchos casos conlleva discriminación y exclusión, lo que implica que se le señale por esta condición.

Es importante mencionar que los antecedentes penales, forman parte del pasado de la persona y se encuentran dentro de su vida privada que no desea que otros conozcan por el riesgo a ser discriminado, o en casos muy comunes no poder conseguir empleo. El que se garantice ese derecho a la vida privada, puede significar una segunda oportunidad, representa el derecho a la reinserción social efectiva.

Mencionó también que el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe a los patrones o a sus representantes expresamente; "Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio, discriminación que se materializa cuando gobierno o cualquier empresa, soliciten a las personas que pretendan un trabajo, presentar una constancia de no antecedentes penales, lo cual atenta con la privacidad de su vida personal.

La Mtra. Ana Cecilia García comentó en su intervención sobre los derechos y obligaciones, que son un conjunto de normas creadas para fomentar la convivencia social y las relaciones entre las personas y las instituciones, la diferencia entre ambos es que los derechos procuran beneficios del estado hacia las personas, mientras que las obligaciones imponen responsabilidades de estas hacia el estado y las leyes, y en estos casos su incumplimiento acarrea sanciones legales.

Los derechos y las obligaciones van necesariamente de la mano pues no se puede concebir la estructuración de una sociedad en donde sus miembros solamente reclamen derechos, pero no asuman ningún tipo de obligación o responsabilidad, de la misma forma en que tampoco estaríamos ante una sociedad en que valga la pena vivir cuando esta no reconociera ningún derecho, que solamente exigiera obligaciones.

Por otro lado, la Mtra. Edith Gómez abordo el tema sobre los derechos humanos en la ejecución penal, quien resaltó que suele decirse que nadie conoce realmente como es un país o un estado, hasta que alguien conoce una de sus cárceles.

“Una nación no debe juzgarse por cómo trata a los ciudadanos en su mejor posición si no por cómo trata a los que tienen poco o nada”, palabras de Nelson Mandela.

Es importante recordar la importancia de los derechos humanos a partir de la reforma constitucional de 2011, ya que, con el reconocimiento de los derechos humanos en nuestra constitución, se amplía el reconocimiento de estos al señalar en el artículo primero, que todas las personas gozaran de los derechos humanos contemplados en la constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte.

La gran mayoría de las personas que viven en reclusión son privadas de casi todos sus derechos humanos sin justificación razonable, lo que equivale a la negación sistemática de su dignidad y que debe considerarse como un trato inhumano y degradante.

El mensaje de clausura y lectura de los reconocimientos para los participantes estuvo a cargo del Mtro. En Seguridad Pública Federico Guillermo Schacht Chávez director general del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, quien agradeció a la Dra. Sonia Escalante López directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, y al H. Congreso del Estado de Sinaloa por permitirle caminar de la mano para organizar estas magistrales conferencias que son muy atinadas para los profesionistas de todos los colegios.